La prevención de riesgos laborales y el compliance corporativo persiguen, en esencia, un mismo objetivo: identificar riesgos, establecer mecanismos de control y garantizar que la organización actúe conforme a la legislación y a los principios de buena gobernanza. Sin embargo, en muchas empresas —especialmente en el ámbito industrial— ambas disciplinas continúan funcionando como estructuras prácticamente independientes, con responsables, procedimientos, indicadores y sistemas de supervisión diferentes.
Esta situación responde, en buena medida, a la evolución histórica de ambas materias. La prevención de riesgos laborales se desarrolló como una disciplina eminentemente técnica, centrada en la seguridad, la higiene industrial, la ergonomía y la vigilancia de la salud. El compliance, por su parte, adquirió protagonismo tras la reforma del Código Penal que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, orientándose inicialmente hacia la prevención de delitos económicos, la corrupción, el fraude o el blanqueo de capitales.
Sin embargo, el contexto normativo y empresarial ha cambiado de forma sustancial durante la última década. Hoy resulta difícil sostener que un sistema de cumplimiento pueda ser realmente eficaz si permanece ajeno a los riesgos derivados de la seguridad y salud en el trabajo. Del mismo modo, una gestión preventiva que ignore los principios del compliance, la cultura ética o la gobernanza corporativa difícilmente responderá a las expectativas regulatorias actuales.
La consecuencia es la aparición de un importante punto ciego en numerosas organizaciones: mientras cada departamento controla correctamente su propia parcela, nadie supervisa de forma integrada el conjunto del riesgo empresarial.
Una separación heredada del pasado
La prevención de riesgos laborales encuentra su principal fundamento en la Constitución Española, cuyo artículo 15 reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral, mientras que el artículo 40.2 encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Sobre esta base se articula la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, que sigue siendo la piedra angular del sistema preventivo español.
Uno de los aspectos más relevantes de esta ley, y a menudo menos valorados, es que no se limita a imponer obligaciones técnicas. Su verdadero objetivo consiste en integrar la prevención dentro de la gestión ordinaria de la empresa. El deber general de protección que impone al empresario exige garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, mientras que los principios de la acción preventiva obligan a identificar los riesgos, planificar las medidas necesarias, revisar su eficacia y adaptar permanentemente la organización a la evolución de las circunstancias.
Este planteamiento fue desarrollado posteriormente por el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. La norma insiste en que la actividad preventiva debe incorporarse al sistema general de gestión empresarial y formar parte de todos los niveles jerárquicos de la organización. Es decir, el propio legislador ya anticipaba hace casi tres décadas una idea que hoy resulta esencial para el compliance: la prevención no puede gestionarse como un proceso aislado.
Durante muchos años, sin embargo, esta integración se entendió únicamente desde una perspectiva operativa. Bastaba con que el servicio de prevención colaborara con producción, mantenimiento o recursos humanos. La aparición de nuevas obligaciones en materia de compliance corporativo modificó radicalmente este escenario.
La reforma del Código Penal, introducida por la Ley Orgánica 5/2010 y consolidada por la Ley Orgánica 1/2015, incorporó la responsabilidad penal de las personas jurídicas mediante el artículo 31 bis. Desde ese momento, las empresas comenzaron a implantar modelos de organización y gestión destinados a prevenir delitos y demostrar la existencia de una cultura efectiva de cumplimiento.
No obstante, en muchas organizaciones ambos sistemas evolucionaron por caminos diferentes. El servicio de prevención continuó centrado en la evaluación de riesgos, la formación o la investigación de accidentes, mientras que el Compliance Officer dirigía su atención hacia los delitos económicos, la corrupción, la protección de datos o los canales internos de información. Esta división organizativa ha dejado de responder a la realidad jurídica.
Cuando el cumplimiento es solo aparente
Uno de los errores más frecuentes consiste en identificar el cumplimiento con la mera existencia de procedimientos, certificaciones o documentación. Es relativamente habitual encontrar empresas certificadas conforme a ISO 45001 que mantienen una excelente organización documental, realizan evaluaciones periódicas y superan sin dificultades las auditorías de su sistema de gestión. Sin embargo, esas mismas organizaciones pueden carecer de mecanismos eficaces para trasladar al Compliance Officer la información derivada de accidentes graves, incumplimientos reiterados, investigaciones internas o requerimientos de la Inspección de Trabajo.
También sucede el fenómeno contrario. Existen programas de compliance perfectamente alineados con la ISO 37301 o la UNE 19601, capaces de identificar riesgos penales relacionados con la corrupción, la competencia, la protección de datos o el fraude, pero que apenas incorporan los riesgos derivados del incumplimiento de la normativa preventiva. El resultado es un modelo de cumplimiento fragmentado.
Cada departamento conoce su ámbito de actuación, pero ninguno dispone de una visión completa de la exposición real de la empresa. Las matrices de riesgos son diferentes, los indicadores no coinciden, las investigaciones internas siguen procedimientos distintos y la información llega al órgano de administración de forma parcial.
Desde el punto de vista de la gobernanza corporativa, esta situación resulta especialmente preocupante. El consejo de administración puede creer que dispone de un sistema sólido de control cuando, en realidad, los principales riesgos se encuentran dispersos entre distintos departamentos que apenas intercambian información.
La responsabilidad del órgano de administración
Esta cuestión adquiere una especial relevancia a la luz de la evolución jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Las sentencias dictadas desde 2016 en relación con el artículo 31 bis del Código Penal han insistido en que un programa de compliance solo puede desplegar efectos si demuestra una eficacia real. No basta con disponer de códigos éticos, protocolos o manuales internos; es necesario acreditar que los controles funcionan, que las incidencias se investigan, que existen mecanismos de supervisión independientes y que la organización mantiene una auténtica cultura de cumplimiento. La misma lógica puede trasladarse a la prevención de riesgos laborales.
La existencia de un servicio de prevención —propio o ajeno— no libera automáticamente a la empresa de su deber de vigilancia. Tampoco la delegación de funciones en técnicos especializados exonera al órgano de administración de supervisar el funcionamiento del sistema preventivo.
En este sentido, los artículos 316 a 318 del Código Penal tipifican los delitos contra la seguridad y salud de los trabajadores cuando, infringiendo la normativa preventiva, no se facilitan los medios necesarios para desarrollar la actividad en condiciones seguras, generando un peligro grave para la vida o la integridad física de los trabajadores. La relevancia de estos preceptos radica en que la responsabilidad penal puede surgir incluso antes de que llegue a producirse un accidente, siempre que exista una situación objetiva de riesgo derivada del incumplimiento de las obligaciones preventivas.
A ello se suma el régimen sancionador previsto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), que contempla importantes responsabilidades administrativas por incumplimientos en materia preventiva, así como los posibles recargos de prestaciones de la Seguridad Social y la responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados.
Todo ello evidencia que la prevención ya no puede entenderse como un ámbito exclusivamente técnico. La forma en que una organización identifica, controla y supervisa los riesgos laborales tiene consecuencias directas sobre su responsabilidad penal, administrativa, económica y reputacional.
Precisamente por ello, la normativa europea más reciente avanza hacia una concepción mucho más amplia del cumplimiento. La Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protección de los informantes; la Ley 2/2023, que la incorpora al ordenamiento español; la Directiva (UE) 2022/2464 (CSRD) sobre información corporativa en materia de sostenibilidad; la Directiva (UE) 2024/1760 (CSDDD) sobre diligencia debida en sostenibilidad empresarial, así como el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) configuran un escenario en el que los riesgos laborales, tecnológicos, ambientales, éticos y de gobernanza dejan de analizarse de forma aislada para integrarse dentro de una visión global del riesgo corporativo.
La pregunta ya no es si la prevención y el compliance deben colaborar, sino cómo construir un modelo de gestión capaz de integrar ambos sistemas sin perder la especialización técnica que cada uno de ellos requiere.
Hacia un modelo integrado de gestión del riesgo
Si el marco normativo demuestra que prevención y compliance comparten cada vez más objetivos, la siguiente cuestión es cómo trasladar esa convergencia al funcionamiento diario de la empresa. La respuesta no pasa por fusionar departamentos ni por diluir las responsabilidades de cada disciplina, sino por construir un modelo de gestión en el que ambas trabajen de forma coordinada.
La prevención de riesgos laborales seguirá requiriendo profesionales con conocimientos específicos en seguridad industrial, higiene, ergonomía o vigilancia de la salud. Del mismo modo, el compliance continuará necesitando especialistas en derecho penal, protección de datos, libre competencia, prevención de la corrupción o gestión de canales internos de información. La integración no implica sustituir unas competencias por otras, sino establecer mecanismos permanentes para compartir información, coordinar controles y facilitar una visión única del riesgo corporativo. Este enfoque encuentra respaldo en las principales normas internacionales de gestión.
Las normas ISO y UNE hablan un mismo lenguaje
Aunque cada estándar responde a un ámbito concreto, las normas que hoy utilizan las organizaciones más avanzadas parten de principios prácticamente idénticos.
La ISO 31000 establece un marco general para la gestión del riesgo aplicable a cualquier actividad empresarial. Su finalidad es integrar el análisis de riesgos en la toma de decisiones estratégicas, evitando que cada departamento trabaje con criterios distintos o sin conocer el impacto de sus decisiones sobre el resto de la organización.
Sobre esa base se apoyan otros estándares como la ISO 37301, referente internacional para los sistemas de gestión de compliance; la ISO 45001, centrada en la seguridad y salud en el trabajo; y las normas UNE 19601, UNE 19602 y UNE 19603, orientadas respectivamente al compliance penal, tributario y en materia de defensa de la competencia.
Todas ellas comparten una misma estructura basada en el liderazgo de la dirección, la identificación y evaluación de riesgos, la implantación de controles, la formación, la supervisión, la auditoría y la mejora continua. Esta coincidencia facilita enormemente la integración de los sistemas de gestión y permite eliminar duplicidades sin perder el rigor técnico de cada disciplina.
En la práctica, muchas empresas siguen elaborando matrices de riesgos independientes para prevención, compliance, medio ambiente, calidad o ciberseguridad. Sin embargo, esa fragmentación dificulta comprender cómo un mismo incidente puede desencadenar consecuencias laborales, penales, ambientales, económicas y reputacionales.
Un accidente grave en una planta industrial, por ejemplo, no constituye únicamente un problema preventivo. Puede dar lugar a una investigación penal por los artículos 316 a 318 del Código Penal, a sanciones administrativas conforme a la LISOS, a reclamaciones civiles por daños y perjuicios, a pérdidas económicas derivadas de la paralización de la producción, a incumplimientos contractuales frente a clientes y a un deterioro significativo de la reputación corporativa. Analizar cada una de esas consecuencias desde departamentos aislados impide valorar el riesgo en toda su dimensión.
El papel del órgano de administración
La integración entre prevención y compliance debe comenzar necesariamente en el máximo nivel de gobierno de la organización.
La legislación mercantil y la jurisprudencia del Tribunal Supremo coinciden en exigir a los administradores una actuación diligente y una supervisión efectiva del sistema de control interno. Esa obligación resulta incompatible con la existencia de estructuras que generan información fragmentada y dificultan una visión global de los riesgos.
Por ello, cada vez más organizaciones incorporan cuadros de mando integrados que permiten al consejo de administración conocer de forma periódica la evolución de los principales indicadores de cumplimiento: siniestralidad, investigaciones internas, resultados de auditorías, inspecciones, denuncias recibidas, incidentes de ciberseguridad, riesgos regulatorios o planes de acción pendientes.
Esta información no solo mejora la toma de decisiones, sino que constituye una evidencia objetiva de la implicación de la alta dirección en la supervisión del sistema de gestión, un aspecto especialmente relevante cuando deben analizarse posibles responsabilidades administrativas o penales.
El modelo de las Tres Líneas
Una referencia especialmente útil para organizar esta coordinación es el Three Lines Model, desarrollado por el Institute of Internal Auditors (IIA).
Este modelo distribuye las responsabilidades en tres niveles complementarios. La primera línea corresponde a la gestión operativa, responsable de identificar y controlar los riesgos en el desarrollo diario de la actividad. La segunda línea agrupa las funciones especializadas de supervisión, entre ellas la prevención de riesgos laborales, el compliance, la protección de datos, el medio ambiente o la calidad. Finalmente, la tercera línea corresponde a la auditoría interna, que evalúa de forma independiente la eficacia del conjunto del sistema.
Este esquema evita duplicidades, clarifica responsabilidades y favorece la cooperación entre áreas que tradicionalmente han trabajado de manera separada.
ESG y diligencia debida: una nueva visión del cumplimiento
La creciente importancia de los criterios ESG (Environmental, Social and Governance) ha reforzado aún más esta tendencia.
Durante años, muchas organizaciones asociaron la sostenibilidad casi exclusivamente a cuestiones medioambientales. Sin embargo, la dimensión social y la gobernanza ocupan hoy un lugar central en las decisiones de inversores, entidades financieras y grandes clientes.
La Directiva (UE) 2022/2464 (CSRD) obliga a numerosas empresas a informar sobre aspectos relacionados con las condiciones laborales, la salud y seguridad de los trabajadores, la gestión del capital humano y los sistemas de gobernanza. Por su parte, la Directiva (UE) 2024/1760 (CSDDD) introduce obligaciones de diligencia debida respecto a los impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de toda la cadena de valor.
En este contexto, la prevención de riesgos laborales deja de ser una obligación exclusivamente legal para convertirse en un indicador de buena gobernanza y sostenibilidad empresarial. La capacidad de una organización para prevenir accidentes, investigar incidentes, proteger a los trabajadores y corregir deficiencias forma ya parte de la evaluación que realizan clientes, administraciones públicas, entidades financieras e inversores.
Inteligencia artificial y nuevos riesgos
La transformación digital de la industria añade un nuevo elemento a esta integración. Los sistemas de inteligencia artificial permiten anticipar averías mediante mantenimiento predictivo, detectar conductas inseguras a través de visión artificial, optimizar procesos industriales o analizar grandes volúmenes de información preventiva. Estas herramientas ofrecen importantes ventajas para reducir la siniestralidad y mejorar la eficiencia operativa.
No obstante, también generan nuevos riesgos relacionados con la protección de datos personales, la transparencia algorítmica, la discriminación automatizada o la supervisión de los trabajadores.
El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial establece obligaciones específicas para determinados sistemas utilizados en el ámbito laboral, especialmente cuando influyen en decisiones que afectan a las personas trabajadoras. Su aplicación exige una estrecha coordinación entre los responsables de prevención, compliance, protección de datos y seguridad de la información.
La gestión del riesgo vuelve a demostrar, una vez más, que las respuestas aisladas resultan insuficientes.
La industria catalana como ejemplo de esta transformación
La necesidad de integrar prevención y compliance resulta especialmente evidente en Cataluña, donde se concentra uno de los mayores polos industriales del país.
Sectores como la industria química, farmacéutica, metalúrgica, automovilística, alimentaria o logística operan en un entorno caracterizado por una elevada complejidad normativa y una intensa actividad inspectora. A las obligaciones derivadas de la legislación estatal se suman las actuaciones de la Inspección de Trabajo de Cataluña, las iniciativas del Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) y las exigencias de grandes grupos multinacionales que reclaman sistemas de gestión cada vez más robustos y transparentes.
En este escenario, disponer de procedimientos preventivos o programas de compliance independientes ya no constituye una ventaja competitiva. Por el contrario, las empresas que integran ambos sistemas están mejor preparadas para anticipar riesgos, responder a incidentes complejos y demostrar ante clientes, administraciones y órganos judiciales que ejercen una gestión diligente y eficaz.
La integración, una necesidad estratégica
La prevención de riesgos laborales y el compliance corporativo han recorrido caminos distintos durante años, pero la evolución normativa, la jurisprudencia y los estándares internacionales apuntan claramente hacia un modelo de colaboración permanente.
No se trata de fusionar departamentos ni de eliminar la especialización técnica que caracteriza a cada disciplina. Se trata de reconocer que ambas forman parte de un mismo sistema de control interno cuyo objetivo es proteger a la organización, a las personas y a quienes asumen su dirección.
Las empresas industriales que mantengan estructuras completamente independientes corren el riesgo de generar zonas de sombra donde los incumplimientos pasan inadvertidos hasta que se materializan en forma de accidente, sanción, procedimiento penal o crisis reputacional. Por el contrario, aquellas que integren la gestión preventiva dentro de su estrategia global de compliance estarán en mejores condiciones para cumplir con las exigencias legales, fortalecer su gobierno corporativo y responder a los desafíos derivados de la sostenibilidad, la digitalización y la inteligencia artificial.
En Preconlab entendemos que esa integración ya no es una opción, sino una necesidad estratégica. Nuestro enfoque combina prevención de riesgos laborales, compliance, gestión del riesgo, auditoría y sostenibilidad para ayudar a las organizaciones a construir sistemas de control eficaces, alineados con la legislación vigente, los estándares internacionales y las mejores prácticas de gobernanza corporativa. Porque el verdadero cumplimiento no consiste en acumular procedimientos, sino en crear una organización capaz de anticiparse a los riesgos y convertir la prevención en un elemento esencial de su cultura empresarial.
